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lunes, 12 de marzo de 2018
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 12/03/2018   
Quieren apurar la ley para decomisar bienes de la corrupción

El debate lleva dos años en el Senado y Macri reclamó la sanción al Congreso; en el propio Gobierno no hay acuerdo y dudan si se vulnera el derecho a la propiedad

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Un texto con severas deficiencias jurídicas sobre una materia que divide aguas en el Congreso e, incluso, en el propio Gobierno es la principal causa que mantiene empantanado en el Senado el proyecto de ley de extinción de dominio.Se trata de la herramienta legislativa con la que se pretende acelerar el decomiso de bienes adquiridos con el beneficio de los denominados delitos de corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. Apurado por los reclamos de los ministerios de Seguridad y de Justicia, Mauricio Macri reflotó el tema en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, y pidió su pronta sanción. Sin embargo, el proyecto lleva casi dos años parado en el Senado por la polémica en torno a la vulneración del derecho constitucional a la propiedad, que implicaría la sanción de una ley que habilite el decomiso de bienes sin que exista, al menos, una sentencia en primera instancia. La vulneración del derecho a la propiedad fue una de las constantes de todas las críticas formuladas por jueces, fiscales y especialistas en derecho que expusieron ante la Comisión de Justicia del Senado sobre el proyecto. luego de que fue aprobado por la Cámara de Diputados, en junio de 2016. Aquella sanción permitía a los fiscales impulsar el juicio de acción de dominio ante la Justicia Civil, independientemente del resultado del proceso penal. En otras palabras, se habilitaba el decomiso aun sin que existiera una sentencia. "El proyecto de Diputados era muy malo en materia de garantías individuales. Consideramos que debe haber un proceso razonable para evitar situaciones discrecionales que afecten el derecho a la propiedad", explicó a LA NACION Miguel Pichetto (Río Negro), líder del Bloque Justicialista, cuyo apoyo es vital para que el Senado pueda avanzar en el tratamiento de la iniciativa. Tras un exhaustivo trabajo jurídico y político, el oficialismo y el PJ llegaron a un consenso y firmaron un dictamen en el que se establecía el acto de procesamiento o la elevación a juicio oral del encausado como el punto de partida para el proceso de decomiso, el cual ya no recaería en un juez civil, sino en uno penal. Además, la acción quedaba en manos de la Procuración del Tesoro y ya no del Ministerio Público Fiscal. El dictamen se firmó con amplio consenso en noviembre de 2016. Pero el expediente nunca llegó al recinto. De hecho, el recambio de un tercio del Senado, operado en diciembre último, hizo caer el dictamen, aunque no así el expediente aprobado por Diputados, que tiene un año más de vigencia. "Vamos a pedirle al peronismo poner el tema sobre la mesa para tratar de ver, entre todos los sectores involucrados, cuál es el camino de mayor consenso", afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), tomando el guante lanzado por Macri ante la Asamblea Legislativa. Una de las primeras explicaciones sobre el estancamiento del proyecto es la falta de acuerdo en la Cámara de Diputados para respetar los cambios que el Senado había decidido introducirle a la media sanción. Todas las miradas en la Cámara alta apuntan a la rebeldía del bloque del Frente Renovador a aceptar esos cambios. Consultada por LA NACION, la presidenta de la bancada de diputados massistas, Graciela Camaño, tomó el guante y redobló la apuesta. "Nosotros estamos dispuestos a discutir cualquier tipo de modificación. Pero no estamos dispuestos a aceptar que se quiten algunos delitos", sentenció la legisladora ante la pregunta de LA NACION, dejando abierta la sospecha a una eventual exclusión de los delitos vinculados con la corrupción. "No podemos sacar los delitos de corrupción. Antes de hacer eso, no hacemos nada. No podemos ser tan burdos", replicó Pichetto, cuando LA NACION le trasladó las dudas de la diputada Camaño. El alcance de la extinción de dominio es otro de los puntos conflictivos entre ambas cámaras. En medio de lo que en el Senado calificaron como "demagogia punitiva", y a pedido de la oficialista Elisa Carrió, la Cámara de Diputados extendió el decomiso a todos los delitos del Código Penal. Sin embargo, el dictamen del Senado circunscribió esa herramienta a una serie de delitos, entre los que se destacan los de narcotráfico, trata de personas y corrupción


 (La Nación)

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