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 05/07/2018   
Senado: el peronismo activa el debate sobre extinción de dominio con un proyecto propio

El bloque de Pichetto presentó una iniciativa que, a diferencia de la media sanción de Diputados, se enmarca en el proceso penal

Convocan a un plenario de comisiones y esperan firmar dictamen a fin de mes.

Ante la preocupación que despertó en varios sectores el “cajoneo” de la ley de extinción de dominio en el Senado, el bloque Justicialista, que preside Miguel Pichetto, le marcó la cancha a Cambiemos y presentó un proyecto propio que espera empezar a tratar la semana próxima en un plenario de comisiones.

La iniciativa fue dada a conocer en una conferencia de prensa al término de la sesión de este miércoles, y contiene una diferencia sustancial con respecto a la media sanción de la Cámara de Diputados: se enmarca en el fuero penal y no en el civil, además de otorgar -según sus impulsores- mayores garantías en el proceso.

Desde el Salón Illia, Pichetto anunció que la semana que viene se convocará a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -que preside Pedro Guastavino- y de Seguridad Interior -a cargo de Sigrid Kunath- para comenzar el debate y dictaminar a fin de mes.

La decisión de avanzar en el tema fue compartida por el radicalismo, que presentó una nota a Gustavino para solicitarle que convoque al debate. “Luego del tiempo transcurrido y pronto a vencer el estado parlamentario del proyecto, resulta prioritario abocarse a su tratamiento en el Senado, en respuesta a una demanda creciente de la ciudadanía para combatir con mayor eficacia el narcotráfico y la corrupción”, consideró el jefe del bloque, Ángel Rozas.

En el mismo sentido, su par Julio Cobos manifestó que “esta ley es muy importante, ya que es una herramienta fundamental para que el Estado pueda obtener la titularidad los bienes que provienen de actividades ilícitas”.

El proyecto

“Hemos hecho un trabajo detenido, con información y asesoramiento de la gente que está trabajando el nuevo Código Penal”, destacó Pichetto, y remarcó la necesidad de “tener una ley que sirva para que los efectos del delito puedan ser recuperados por el Estado”.

El rionegrino explicó que el proyecto, a diferencia del aprobado en la Cámara baja, contempla “determinadas garantías que tiene que tener cualquier ciudadano sea cual sea el delito”.

Rodolfo Urtubey estuvo a cargo de detallar los principales aspectos de la iniciativa, y precisó que la figura de extinción de dominio tendrá autonomía dentro del proceso penal, y el punto de partida será la elevación de la causa a juicio.

El senador puntualizó que “el procurador del Tesoro de la Nación será legitimado para iniciar esta acción, que tendrá un debido proceso que implica probar y requerir al imputado la prueba sobre el origen licito de los bienes, sin invertir la carga de la prueba”.

“El mismo tribunal que tenga que dictar la condena de absolución, tendrá que dictar una sentencia en relación a esta acción civil, donde debe probar la vinculación de estos bienes con el delito”, detalló Urtubey.

El salteño reconoció que “hay una vieja deuda de la Justicia argentina y de la ley penal” en relación a este tema, y “siempre se dijo que la verdadera manera de combatir estos delitos organizados era darle un golpe económico a la estructura patrimonial”.

Repasó que hoy “en el Código Penal existe el decomiso, que en realidad nunca funcionó, porque era una institución que requería que la pena impuesta fuera de condena y quedara firme en última instancia, con lo cual todos los ciudadanos veíamos cómo los bienes producto del delito se deterioraban o eran mal utilizados, y la posibilidad de recuperarlos se convertía en una ilusión”.

Por eso, dijo Urtubey, “en muchos lugares del mundo se empezó a pensar en una institución más idónea” como la extinción de dominio.

El senador indicó que el proyecto aprobado en Diputados ponía la tarea “en manos de fiscales del fuero civil comercial federal, y ese fiscal ante la mera sospecha podía iniciar una acción de extinción de dominio”, lo que “no se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina”.
 (Parlamentario)

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