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viernes, 05 de octubre de 2018
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CONGRESO NACIONAL
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 05/10/2018   
Principales conceptos de la exposición del Jefe de Gabinete, Marcos Peña

Sobre avances y desafíos en materias de seguridad, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de la Justicia

"Estamos orgullosos de la política de seguridad y derechos humanos que estamos llevando adelante.

"Estamos avanzando hacia una sociedad más pacífica y devolviéndole al Estado la autoridad sobre territorios que había perdido.

"Estamos pasando de un modelo de seguridad donde el centro era el victimario (y los debates estaban centrados en qué hacer con quienes cometían delitos) a un modelo que tiene como centro a las víctimas de los delitos y a los barrios que sufren la inseguridad y el narcotráfico.

En este nuevo modelo lo más importante es cumplir y hacer cumplir la ley, tanto de parte de los ciudadanos como del Estado. Unirnos ante la igualdad ante la ley nos permite vivir en libertad, desarrollarnos y prosperar como sociedad.

Nuestro primer objetivo fue cambiar la tendencia en la lucha contra el narcotráfico y para eso nos propusimos dos objetivos urgentes: por un lado, frenar la entrada de las bandas en nuestras fronteras, y por otro lado, bajar la violencia en los barrios y recuperar la autoridad del Estado en estos territorios. En ambos objetivos estamos avanzando.

Logramos estos avances gracias al progreso en tres ejes: 1) una mejor coordinación entre las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y los jueces federales y provinciales, 2) recuperamos la autoestima, el control y la operatividad de las fuerzas federales, 3) nuevas leyes y reformas en la Justicia que nos permitieron agilizar la lucha contra el delito.

La lucha contra el narcotráfico se ha vuelto una verdadera política de Estado, con excelente coordinación y con la voluntad de transformar el país. No podríamos obtener estos resultados en las provincias sin un trabajo adecuado de los jueces y con cada uno de los Gobernadores de nuestro país.

También fue fundamental para nuestra política de seguridad fortalecer la cooperación internacional, junto a agencias internacionales y gobiernos de otros países, con quienes hemos avanzado en materias como lavado de activos, en prevención del narcotráfico y en cooperación judicial.

Conociendo mejor nuestros problemas podemos solucionarlo de manera más eficaz. El nuevo Sistema Nacional de Información de Estadística Criminal, implementado cuando llegamos al Gobierno, recibió, hace unos días, la mejor calificación posible por parte de Naciones Unidas. En tres años pasamos de un sistema de estadísticas desmantelado a ser líderes en América latina.

Cuando llegamos al Gobierno el 90% de los recursos y la energía del Ministerio de Seguridad de la Nación estaban dedicados a la seguridad urbana de la Ciudad de Buenos Aires. El traspaso que hicimos en 2017 es uno de esos cambios que, aunque silenciosos, tienen un impacto profundo en la vida de las personas.

El traspaso permitió dos cosas. En primer lugar, que la ciudad de Buenos Aires tenga, por primera vez en su historia, una policía propia, enfocada en los problemas de sus vecinos y dirigida políticamente por su Gobierno autónomo. Esto no había pasado nunca y era una antigua demanda de los porteños.

En segundo lugar, ahora la Policía Federal puede concentrarse en lo que debe ser su tarea central, la coordinación del combate contra delitos complejos y federales, como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y la trata de personas.

Cuando llegamos nos propusimos valorar a las fuerzas federales y darles herramientas para que puedan hacer bien su trabajo, para el que han sido capacitadas: la Gendarmería en las fronteras; la Prefectura en los ríos y las aguas continentales; la PSA en los aeropuertos.

Nos propusimos darles un mandato claro sobre su función y devolverles las tareas para las que habían sido entrenadas.

Queremos fuerzas de seguridad que estén sometidas y subordinadas no al poder político sino a la ley. Pero que también sean respaldadas en su accionar; que no sean siempre las culpables de todo. Para eso multiplicamos los controles sobre ellas: hacemos operativos de control toxicológico, operativos sorpresa, simulacros para ver las respuestas y controlamos las declaraciones juradas.

Los casi 100.000 agentes de las fuerzas federales de seguridad –desde cadetes hasta oficiales– hoy están obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales; el 98% la presentó y los incumplidores fueron sancionados.

Somos muy duros con quienes están fuera de la ley, pero acompañamos a quienes cumplen con su deber. Parte de ese acompañamiento fue la mejora el ingreso de los retirados de Gendarmería y Prefectura, que antes cobraban el 36% de su ingreso activo y ahora reciben el 75%.

Este nuevo respeto por las Fuerzas Federales y la mejor coordinación con las fuerzas provinciales y el Poder Judicial permitieron aumentar significativamente su eficiencia. Antes –por no tener claro su rol o por no saber si estaban investigando indebidamente al poder político de turno– las fuerzas muchas veces elegían no hacer nada. Este año, según índices del Ministerio de Seguridad, la operatividad de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico aumentó un 75%.

Nada de esto habría sido posible sin el proceso de reforma del Poder Judicial y las leyes aprobadas por este Congreso en estos años. Impulsamos leyes y programas que ayudan a fortalecer las investigaciones de las fuerzas de seguridad, la infiltración de redes criminales y la persecución del crimen organizado, por ejemplo con la Ley del Arrepentido.

También se sancionó la ley de nuevas técnicas de investigación penal, que crea técnicas especiales para combatir el crimen organizado y desarrolla las figuras del informante, el agente encubierto y el agente revelador.

Además, fortalecimos el Programa de Protección de Testigos e Imputados para que todos los testigos se sientan incentivados a declarar, y protegidos cuando lo hayan hecho. El promedio de casos iniciados de protección de testigos se cuadruplicó: pasó de 41 por año entre 2003 y 2016 a 153 por año entre 2016 y 2018. Actualmente, hay 226 testigos protegidos, por delitos como el narcotráfico, trata y violaciones a los derechos humanos.

En junio de 2017 se sancionó la Ley de Víctimas, que tiene como objetivo la protección de las víctimas del delito y el reconocimiento de su rol en el proceso penal, ambas prioridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Continúa también el proceso de designación de jueces y fiscales, iniciado por el Gobierno desde que asumimos. Para el saneamiento de la Justicia es fundamental que no haya juzgados vacantes. Estamos designando jueces a casi el triple de ritmo que se venía anteriormente: desde diciembre del 2015 se han designado 144 jueces, 32 defensores, 25 fiscales, gracias también al apoyo del Senado de la Nación; en lo que resta del año proyectamos sumar 54 jueces más.

El Congreso tiene un rol central también en la reforma del Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción en el Senado y que esperamos que pueda tener tratamiento aquí también. El centro del proyecto es pasar del modelo actual, en el que son los mismos jueces los que investigan y los que después deciden, al modelo acusatorio, que les da mucho más protagonismo a los fiscales para investigar y deja a los jueces la tarea de juzgar y definir las sentencias. Esto permitirá procesos penales efectivos, rápidos y transparentes que reconozcan los derechos de la víctima y la igualdad ante las partes y garantice juicios orales inmediatos.

La ley de juicios unipersonales permitió a los tribunales triplicar su capacidad operativa y bajar en un 75% el tiempo requerido para fijar audiencias. Esto es importante para combatir la puerta giratoria en las comisarías. El juicio unipersonal se está aplicando en todas las jurisdicciones del país.

En diciembre del 2016 se sancionó la Ley de Flagrancia, con el objetivo de dar a los magistrados una herramienta para juzgar los delitos flagrantes con celeridad. Resoluciones que antes de esta ley habrían tomado hasta dos años ahora se logran dentro de las primeras 30 horas del hecho delictivo en el 69% de los casos.

El cuidado del adicto

Para hacer efectivas todas estas medidas y acciones se necesita también de la prevención del consumo de drogas y del cuidado del adicto, que es otra víctima del narcotráfico.

Después de siete años de ausencia, en 2017 el Observatorio Argentino de Drogas hizo un estudio de consumo problemático para la población general. Los resultados no fueron buenos. Uno solo dato: entre 2010 y 2017 aumentó 180 por ciento la cantidad de jóvenes de entre 12 y 17 años que consumieron marihuana alguna vez en su vida.

Sabemos también ahora que bajó la edad de inicio en el consumo de drogas. Lo primero que hay que hacer para solucionar un problema es reconocerlo. Esto nos obligó a desarrollar un plan de prevención en las escuelas y en el territorio que es lo que estamos haciendo desde la SEDRONAR, ya capacitamos a más de la mitad de las escuelas del país y entregamos un millón de manuales en 21 provincias.

Les decía que el año pasado -después damos los resultados- duplicamos a casi 1.500 personas la cantidad de víctimas rescatadas de la trata, y vamos a profundizar y estructurar el trabajo a partir del Plan Nacional Contra la Trata presentado este año. La trata es un problema de enorme complejidad que requiere de un plan para que la respuesta sea eficaz, y para hacerlo tenemos que cooperar todos los poderes, todas las provincias y también la sociedad para poder lograrlo.

Violencia de género e igualdad

Este Gobierno quiere una Argentina donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades para elegir su proyecto de vida, y la igualdad incluye que las mujeres no se sientan amenazadas ni inseguras, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en sus casas.

En estos años trabajamos mucho en la prevención y en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, y en el apoyo a las víctimas y sus familias para que puedan salir de las situaciones de violencia. Creamos el Plan Nacional Para Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, que integra iniciativas para prevenir la violencia y asistir a las víctimas. En este tiempo duplicamos la capacidad de la línea 144, y para acompañar a las víctimas continuamos con la construcción de hogares.

También impulsamos, junto a este Congreso, la Ley Brisa, aprobada por unanimidad y reglamentada por el Ejecutivo esta misma semana, para otorgar una reparación económica del Estado para las niñas, niños y adolescentes cuyas madres hayan sido asesinadas en un contexto de femicidio.

Sistema Penitenciario Federal

Los incrementos en la cantidad de detenidos en los operativos contra el narcotráfico nos obligan también a fortalecer y ampliar el Sistema Penitenciario Federal. Estamos terminando un complejo en Cacheuta, Mendoza, y vamos a inaugurar nuevos centros en Coronda (Santa Fe) y Agote (Buenos Aires).

La Unidad 34 de Campo de Mayo está siendo reutilizada para condenados por delitos de lesa humanidad, y además estamos devolviendo a las jurisdicciones cárceles viejas para que las puedan reintegrar al casco urbano, como en Neuquén o el complejo de Devoto en la Ciudad de Buenos Aires.

También estamos buscando soluciones por fuera de las cárceles. Tenemos más de 2.500 dispositivos de vigilancia electrónica activos y se entregaron 1.800 a las provincias. Los destinatarios son personas adultas procesadas o condenadas, pero que no tienen necesidad de estar tras las rejas aunque sigan privadas de su libertad, y permiten buenos resultados de reubicación social y baja reincidencia delictiva. Y al mismo tiempo evita el problema de hacinamiento en las cárceles.

Conclusión: avances y desafíos

Todos estos esfuerzos están logrando resultados: la tasa de homicidios bajó más de un 21% entre el 2015 y el año pasado; este año sigue bajando. Cuando llegamos éramos el cuarto país de América Latina con menos homicidios, hoy somos el segundo, detrás de Chile.

La cantidad de secuestros bajó más de un tercio, bajaron un 11% las denuncias de robos y se duplicó la cantidad de víctimas de trata de personas rescatadas por las fuerzas federales, como les decía antes.

En lo que va del año incautamos casi 138.000 kilos de marihuana y más de 5.500 kilos de cocaína, cifras muy por encima de los años anteriores.

En los barrios que participan del Programa Barrios Seguros los resultados también son alentadores. En el Barrio 1-11-14, de la Capital Federal, en el 2015, hubo 28 homicidios; en la primera mitad de este año se cometieron 2; en el Barrio Carlos Gardel, en El  Palomar, hubo 4 homicidios en el 2015 y este año no ha habido ninguno.

Ahora debemos seguir trabajando consolidando la coordinación entre las Fuerzas Federales y las provincias, y la colaboración con la Justicia y el Congreso; en particular trabajar en relación con el tema del robo, el área donde más camino hay para avanzar.

Tenemos que también seguir intensificando la transparencia en modernización y formación de las Fuerzas Seguridad, consolidar los derechos humanos, que es una tarea de todos los días, honrando los compromisos de nuestro Plan Nacional, y seguir acompañando a la Justicia en su proceso de reformas para que tengamos un Poder Judicial más eficaz, más transparente y más justo, que respete los derechos y la dignidad de las víctimas y también de los acusados.

Sabemos que todavía falta muchísimo y que este es un trabajo que exige estar concentrados todos los días, pero creemos de verdad que estamos yendo por el buen camino.

Este cambio de paradigma que hemos impulsado está logrando avances, y sobre todo el trabajo en equipo de todos los poderes y de todos los gobiernos provinciales nos va a permitir seguir fortaleciendo una sociedad más segura y con más paz para todos".
 (Prensa)

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